El Gobierno, los partidos políticos y las organizaciones e instituciones integrantes del Acuerdo Nacional manifestamos al país y a la comunidad internacional nuestro firme compromiso con la erradicación de los rezagos de la violencia terrorista y la continuación del proceso de reconciliación nacional, bajo el convencimiento de que sólo en un clima de paz y concordia, el Perú derrotará a la pobreza y alcanzará el bienestar.
Ante la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de parte de la legislación antiterrorista, expresamos la perentoria necesidad de que en el plazo más inmediato se ordene la legislación contra el terrorismo con el propósito de asegurar un combate eficaz contra este flagelo.
Luego de la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo por el Congreso de la República para legislar en materia antiterrorista, los partidos, organizaciones e instituciones del Acuerdo Nacional entregaremos al gobierno nuestras propuestas sobre el tema.
Los integrantes del Acuerdo Nacional expresamos, asimismo, nuestra firme convicción de que el ordenamiento de la legislación antiterrorista no significará la libertad de los responsables de la muerte de miles de peruanos y la pérdida de gran parte de la riqueza nacional. Al contrario, este desafío constituye una nueva oportunidad para demostrar que es posible luchar eficazmente contra este flagelo con las armas del Estado de Derecho y la legalidad. En tal medida, el Acuerdo Nacional saluda las acciones que con ese propósito lleva a cabo el gobierno.
Los miembros del Foro del Acuerdo Nacional convenimos incorporar al texto del Acuerdo Nacional una Política de Estado referente a la lucha contra el terrorismo.
Con la suscripción de esta Declaración, confirmamos que continuaremos luchando por la consolidación democrática del Perú, afirmando la paz, la justicia y la democracia.
Suscrito en Palacio de Gobierno, a los catorce días del mes de enero de 2003